El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una nueva prórroga en la entrada en vigencia de la obligación que exige a los contribuyentes estar formalizados para poder ejercer actividades económicas, realizar negocios con el Estado o acceder a servicios de la banca comercial. La medida, que originalmente debía aplicarse en julio de 2024, ahora se trasladó al 2 de enero de 2026.
La formalización de contribuyentes se vincula directamente con el uso de herramientas digitales como la firma electrónica y el certificado digital, indispensables en trámites empresariales y estatales.
Motivos de la postergación
Según el SII, la decisión responde a las dificultades tecnológicas y operativas planteadas por organismos como marketplaces, proveedores de medios de pago, bancos, municipios y gobiernos regionales.
Patricio Muñoz, subdirector de Asistencia al Contribuyente del SII, explicó en www.df.cl:
“Esta obligación tiene un impacto en distintos actores, públicos y privados, por lo que, como servicio, hemos estado trabajando en resolver sus inquietudes y entregarles información y herramientas, para que se implemente de la mejor forma posible”.
Además, agregó en el mismo medio:
“Estos organismos nos han planteado las dificultades que están enfrentando, por ejemplo, respecto de la adaptación de sus sistemas tecnológicos, por lo que definimos esta ampliación del plazo, porque lo que nos interesa es que su puesta en marcha se realice de la mejor forma posible y de manera coordinada con todos los actores involucrados”.
¿Qué exige la normativa?
La Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias establece que:
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Organismos del Estado, municipios y gobiernos regionales deberán requerir inicio de actividades a quienes soliciten autorización para realizar una actividad económica.
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Administradores de medios de pago electrónico deberán exigirlo a quienes contraten sus servicios.
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Marketplaces y plataformas digitales tendrán que verificar que quienes ofrezcan bienes o servicios en sus plataformas estén formalizados.
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Bancos comerciales deberán exigirlo a solicitantes de créditos o préstamos con fines empresariales.
En este contexto, contar con firma electrónica y certificado digital se vuelve fundamental para que los contribuyentes puedan cumplir con la exigencia del SII.
Firma electrónica y certificado digital en Chile
La prórroga también tiene implicancias directas en el uso de herramientas como la firma electrónica, cada vez más utilizada en trámites empresariales y estatales.
Aunque en Chile existe una diferencia legal entre firma electrónica avanzada y firma electrónica simple, los usuarios suelen buscar indistintamente “firma digital” o “firma electrónica”. Este comportamiento revela un gap educativo que organismos públicos y privados buscan reducir mediante capacitaciones.
El certificado digital, indispensable para validar las firmas electrónicas, también se ha convertido en un elemento clave en procesos de formalización, especialmente en periodos de alta tramitación como declaraciones juradas, postulaciones y licitaciones.
Herramientas de apoyo del SII
El SII habilitó un sistema simplificado en línea, Mi Negocio Cumple, que permite iniciar actividades sin presentar documentos adicionales y centralizar obligaciones tributarias como emisión de boletas y pago de impuestos.
Además, puso a disposición una API para que empresas puedan verificar en línea el estado de inicio de actividades de sus clientes o usuarios, herramienta a la que ya han accedido 20 empresas, entre ellas marketplaces, bancos y proveedores de pago.
El organismo también ha desarrollado más de 70 actividades de capacitación presenciales y virtuales, disponibles en el sitio Capacita.sii.cl y en su canal de YouTube, con información sobre formalización, microempresa familiar y actividades esporádicas.
Fuentes externas e internas recomendadas:
El SII reiteró su llamado a bancos, fintech, marketplaces y gobiernos locales a aprovechar este plazo adicional para adoptar las herramientas disponibles y cumplir con la normativa desde enero de 2026.
Para los contribuyentes, la prórroga es una oportunidad para adelantarse y comenzar a utilizar soluciones como la firma electrónica y el certificado digital, que aseguran el cumplimiento tributario y la validez de los trámites oficiales.
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